Propone Kenia López endurecer penas por reclutar a menores en el crimen organizado

Diputada Kenia López impulsa reforma para sancionar hasta con 20 años de cárcel a reclutadores de niñas, niños y jóvenes

La Cámara de Diputados discutirá hoy una iniciativa clave para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente al crimen organizado. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la Comisión de Justicia dictaminará este martes la propuesta presentada por ella y otros legisladores del PAN en abril pasado, que busca aumentar las penas a quienes recluten menores para actividades delictivas, pasando de un rango actual de 7 a 12 años a uno de 10 a 20 años de prisión.

Durante un encuentro con medios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán subrayó la urgencia de esta reforma al artículo 201 del Código Penal Federal. “Esta mayor rigidez es importante porque hemos visto cómo los jóvenes, lamentablemente, son utilizados por el crimen organizado y a esos criminales que lastiman el presente y el futuro de los jóvenes se les debe sancionar”, explicó. La legisladora sostuvo que el objetivo es enviar un mensaje contundente de que el Estado no tolerará el uso inhumano de menores en actividades ilícitas.

La Comisión de Justicia sesionará a las 17:00 horas y se prevé que dictamine favorablemente la iniciativa, la cual, tras su aprobación, será turnada al Pleno para su discusión y eventual votación. “Con este dictamen aprobado en la Comisión, una vez que pase al Pleno, por supuesto que estamos garantizando desde la Cámara de Diputados la protección a las y los jóvenes”, afirmó López Rabadán.

La propuesta surge en un contexto marcado por el creciente uso de adolescentes por parte de organizaciones criminales, un fenómeno que ha alertado a organismos nacionales e internacionales por el impacto que tiene en la seguridad pública y en el tejido social. La diputada recordó casos recientes, como los ocurridos en Teuchitlán, Jalisco, donde se evidenció la vulnerabilidad de menores frente al reclutamiento delictivo. “Es importante proteger a las y los jóvenes porque muchos añoran una escuela, un presente y un futuro mejor. Hay que salvarlos de las garras del crimen organizado”, enfatizó.

En paralelo a esta discusión, López Rabadán se refirió a la llegada a la Cámara de Diputados de la minuta del Senado sobre la reforma a la Ley de Amparo. Explicó que el documento fue turnado a las comisiones de Justicia y de Hacienda, debido a que incluye temas fiscales que requieren análisis especializado. “La Comisión de Justicia construirá el dictamen en primera instancia, pero Hacienda también participará porque hay temas hacendarios importantes. Queremos escuchar a todas las voces y garantizar un debate plural”, precisó.

La diputada señaló que uno de los principales puntos de debate será el artículo transitorio relacionado con la retroactividad de la ley. “Se ha dicho por distintos grupos parlamentarios que no se puede generar una retroactividad porque va en contra de la Constitución. Lo ha dicho la propia presidenta de la República y lo han expresado legisladores de varias fuerzas políticas”, recordó.

López Rabadán insistió en que no habrá un proceso apresurado en el análisis de la reforma a la Ley de Amparo. “No hay fast track. Se respetaron los tiempos en la Mesa Directiva: se recibió, se publicó y se turnó conforme a la ley. Ahora esperamos el dictamen de las comisiones y abriremos un debate amplio, transparente y público”, aseguró. Además, anticipó que el tema de quién podrá interponer un amparo será uno de los puntos más controvertidos durante la discusión legislativa.

Respecto a la reciente toma de tribuna por parte de legisladoras, López Rabadán restó importancia al incidente, calificándolo como parte del ejercicio parlamentario. “Cada legisladora tiene derecho a fijar su posición y yo las respeto a todas. El Parlamento es para hablar y debatir. México es plural y esa pluralidad debe reflejarse también en nuestras discusiones”, declaró.

La discusión de ambas iniciativas —la reforma para endurecer penas por reclutar menores y la revisión de la Ley de Amparo— marcará la agenda legislativa de los próximos días. En el primer caso, la propuesta busca cerrar el paso a prácticas delictivas que atentan contra la infancia y adolescencia mexicanas; en el segundo, se abre un debate crucial sobre los alcances de uno de los mecanismos fundamentales de defensa de los derechos ciudadanos.

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