Un fallo judicial en Chihuahua ha provocado una ola de críticas por parte de actores políticos y sociales, luego de que una resolución local frenara una orden federal que beneficiaba a una mujer de 96 años en un litigio patrimonial de alto perfil.
El caso involucra a Evangelina López Guzmán, quien mantiene una disputa legal con su esposo, Miguel Zaragoza Fuentes, fundador de Zeta Gas, uno de los conglomerados más relevantes en la distribución de gas en México y América Latina. La controversia gira en torno al incumplimiento de resoluciones judiciales que ordenan al empresario otorgar un pago de subsistencia y compensación patrimonial a su cónyuge, con quien compartió décadas de vida y formó una familia de 11 hijos.
El juez federal Alfredo Montes de Oca, con sede en Toluca, había ordenado a Zaragoza Fuentes el pago de 100 millones de pesos mensuales durante seis meses. Sin embargo, esta resolución fue detenida por la jueza Perla Patricia Royval Guerrero, titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, en Chihuahua, quien emitió un fallo favorable al empresario.
La decisión generó cuestionamientos sobre el actuar del Poder Judicial. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua, presidido por el magistrado Francisco Javier Acosta Molina, investigar el proceder de la jueza, al considerar que su actuación podría vulnerar principios de imparcialidad y legalidad.
Diversas voces han señalado que la resolución contraviene criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce a los adultos mayores como un grupo vulnerable que debe recibir protección especial por parte de las autoridades judiciales, garantizando su derecho a una vida digna, a la salud y al bienestar familiar.
El caso también tiene antecedentes internacionales. Un tribunal de divorcio en Texas, Estados Unidos, ya había fallado a favor de López Guzmán, ordenando al empresario cederle parte de su patrimonio. No obstante, tras múltiples apelaciones y procesos legales en ambos países, la resolución aún no ha sido cumplida.
La controversia se da en un contexto de transformación del Poder Judicial en México, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre las decisiones de jueces y magistrados. Para críticos del fallo, este caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema judicial para garantizar justicia efectiva, especialmente en favor de sectores vulnerables.
